Washington, 28 mar (PL) El presidente norteamericano, Donald Trump, apoyó la decisión de un condado de California contra las políticas santuario de ese occidental estado, cuyo objetivo es proteger a inmigrantes sin papeles.
Según diversas fuentes, en Estados Unidos existen unas 200 ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de ofrecer seguridad a los extranjeros indocumentados.
«Mi administración se solidariza con los valientes ciudadanos del condado de Orange, que defienden sus derechos contra las políticas santuario de California, que son ilegales e inconstitucionales», apuntó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.
A juicio del mandatario, ese tipo de leyes liberan a conocidos criminales peligrosos en las comunidades del estado, que se declaró santuario en 2017.
«Todos los ciudadanos tienen derecho a estar protegidos por la ley federal y a unas fronteras fuertes», agregó Trump, quien reiteradas veces ha expresado críticas sobre este asunto.
En una reunión en la Casa Blanca con legisladores, funcionarios federales y estatales, el pasado 20 de marzo, Trump aseguró que ganará la lucha contra las mencionadas urbes.
«Vamos a vencer en esto, debería ser más fácil, pero no lo es», sostuvo el mandatario, rechazado habitualmente dentro y fuera de Estados Unidos, por sus políticas migratorias.
Mediante una orden ejecutiva, Trump trató de privar a las ciudades santuario de fondos federales, destinados por ejemplo a mejorar el equipamiento de sus agentes policiales, pero un juez de Chicago, Illinois, dejó sin efecto esa disposición en octubre último.
Ante este contexto, el jefe de Estado confió en el surgimiento de una norma para cortar tales recursos, como han promovido el senador Tom Cotton y el representante Michael MacCaul, ambos republicanos.
La víspera, la Junta de Supervisores de Orange votó a favor de respaldar la demanda presentada el 6 de marzo por el Departamento de Justicia contra California, debido a la aprobación de tres normas a favor de los inmigrantes.
Una de las leyes incluidas en la disputa es la SB 54, que prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley notificar a los agentes federales de inmigración, sobre las fechas de liberación de los presos bajo su custodia, que han sido condenados y enfrentan la deportación.
La AB 450, a su vez, impide a los empleadores privados cooperar con los agentes que realizan operaciones en el lugar de trabajo y les exige que informen a su personal, cuando las fuerzas del orden vienen a realizar inspecciones.
Por su parte, la AB 103 requiere que el estado revise las instalaciones de detención, donde las autoridades federales retienen a inmigrantes que pueden ser enviados a sus países de origen.